martes, 30 de noviembre de 2010

Cristina, Insfrán y la nueva Campaña al desierto

"La policía nunca quiso negociar y estaba dispuesta a matar" 
Félix Díaz, dirigente de la comunidad toba-qom La Primavera, brindó una conferencia de prensa junto a legisladores, representantes de organismos de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y del INADI. Allí, relató los hechos ocurridos la semana pasada durante la represión policial y reclamó la intervención del gobierno nacional. "Pedimos que la Presidenta nos escuche y resuelva esta situación. Queremos nuestras tierras. Nos dejaron sin nada y nos empujan a la indigencia", manifestó.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Nación enviaron un pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de la comunidad toba.
Una 400 personas asistieron a la conferencia de prensa en la que Félix Díaz, líder de la comunidad toba, repasó los hechos ocurridos la semana pasada durante la represión policial. En su extenso relato, Díaz aseguró que la policía "nunca quiso negociar y estaba dispuesta a matar"."El gobierno de la provincia de Formosa nunca nos escuchó, en los cuatro meses de protesta no se acercó ningún funcionario. Por eso pedimos que la presidenta nos escuche y resuelva esta situación. Queremos nuestras tierras. Nos dejaron sin nada y nos empujan a la indigencia", expresó Díaz, mientras varios compañeros aborígenes que lo oían lloraban sentados en sus sillas.
El dirigente aborigen también denunció que "la policía no tenía orden judicial para desalojar la ruta. El comisario me apuntó con escopeta y me dijo: 'salí de mi camino si querés vivir'. No salí porque queríamos ver la orden judicial. La policía de la provincia no tiene jurisdicción sobre la ruta".
Díaz estuvo acompañado por el dirigente de Amnistía Internacional de Argentina, Julio Montero; el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y el director del INADI, Claudio Morgado.
"Se margina a los pueblos originarios. Se violan sus derechos humanos sistemáticamente. Hay que pedir la renuncia del gobernador de Formosa, Gildo Insfran, y la destitución de las fuerzas policiales que participaron de este crímen", exigió Pérez Esquivel.
El Nobel de la Paz se refirió al enfrentamiento que se produjo el 23 de noviembre, cuando fuerzas policiales desalojaron de una ruta provincial y de un predio rural a la Comunidad Toba Qom, que reclama la devolución de tierras que consideran propias. "Hay que defender la vida de nuestros pueblos. Pedimos a la presidenta que intervenga aunque Insfrán sea su aliado político", señaló Pérez Esquivel.
Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional Argentina, destacó que la organización "se involucra con las comunidades indígenas y denuncia los abusos que sufren, que son un patrón sistemático contra los pueblos aborígenes".
Verbitsky, por su parte, consideró que el "Estado tuvo un desempeño contradictorio" en el conflicto y afirmó que "el INADI acompañó desde el primer momento, pero la Genderamería Nacional hizo un dictamen a pedido de la provincia" sobre los hechos, en el que "arriesgó juicios que no le corresponden".
"Hay 5 mil hectáreas que pertenecen a la comunicad Qom, reconocidas por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1940 y el gobierno provincial en 1951", explicó el presidente del CELS respecto de las tierras reclamadas por la comunidad toba. "En 1978 fueron desalojados, a excepción de la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca", relató Verbitsky.

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Dirigente toba pide la intervención de Cristina Kirchner
En la solicitud piden garantizar la vida de los aborígenes en la provincia de Formosa y reclaman renuncia de Insfran.
El dirigente toba de Formosa, Félix Díaz, pidió hoy la intervención de la presidenta Cristina Fernández para que garantice la vida de los aborígenes tras la represión de una protesta que provocó dos muertes, en el marco de una reunión en esta ciudad, donde fue apoyado por organismos de derechos humanos que pidieron la renuncia de Gildo Insfrán.
En Formosa, en tanto, manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) encabezados por Juan Carlos Alderete cortaron la ruta nacional 81, en el acceso norte de la provincia, en solidaridad con la comunidad La Primavera y mantuvieron un encuentro con aborígenes.
El dirigente de la comunidad toba, por su parte, relató los hechos ocurridos durante el desalojo y pidió que la presidenta "nos escuche y que proteja nuestra seguridad física, que podamos circular libremente en la provincia sin ser sitiados por criollos de la zona".
"Estamos esperanzados en que ella resuelva esto, porque en la provincia es imposible", sostuvo Díaz, en alusión a la situación generada tras la represión que produjo dos muertes el 23 de noviembre, cuando los aborígenes realizaban un corte en la ruta nacional 86, en demanda de tierras.
El dirigente aborigen también denunció que la policía no tenía orden judicial para desalojar la ruta. El comisario me apuntó con escopeta y me dijo: salí de mi camino si querés vivir. No salí porque queríamos ver la orden judicial. La policía de la provincia no tiene jurisdicción sobre la ruta .
Al juez Mauriño (citado a declarar por la justicia por considerar que ordenó el desalojo y estuvo presente en la ruta) lo conocemos y no le vimos la cara en el desalojo. Nunca estuvo en la ruta , afirmó Félix Díaz.
Díaz dijo estar ansioso por escuchar a la presidenta. Queremos saber qué va a decir ella y expresó: "Queremos que se haga justicia, que esto se termine. Hay que investigar. Queremos que la justicia funcione para todos, no puede ser que la policía mate y queme todas nuestras cosas".
El aborigen estuvo acompañado por el dirigente de Amnistía Internacional de Argentina, Julio Montero; el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de
la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y el director del INADI, Claudio Morgado.
Pérez Esquivel, en tanto, pidió la renuncia del gobernador de Formosa, la destitución inmediata del comisario y fuerzas policiales que hicieron la represión y que tienen que estar procesados por crímenes .
"Hay que pedir a la presidenta de la Nación que tome medidas por más que Insfrán sea su aliado político", sostuvo el titular del SERPAJ tras escuchar el relato del dirigente toba.
Verbitsky, por su parte, consideró que el Estado tuvo un desempeño contradictorio en el conflicto y afirmó que el INADI acompañó desde el primer momento, pero la Genderamería Nacional hizo un
dictamen a pedido de la provincia sobre los hechos, en el que arriesgó juicios que no le corresponden .
"Hay 5 mil hectáreas que pertenecen a la comunicad Qom, reconocidas por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1940 y el gobierno provincial en 1951", explicó el presidente del CELS respecto de las tierras reclamadas por la comunidad toba.
"En 1978 fueron desalojados, a excepción de la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna
Blanca", relató Verbitsky.
El representante de Amnistía Internacional Argentina, a su vez, reclamó protección de la vida de Félix Díaz y seguridad para la comunidad aborigen, en el marco de la conferencia en la que
estuvieron comunidades indígenas y científicas, legisladores nacionales, y organizaciones sociales, entre ellas, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D´Elía.
El abogado que representa a los aborígenes de la comunidad La Primavera, Eduardo Davis, anunció que recusará al juez que investiga los hechos ocurridos durante el desalojo, Gabriel Garzón, por considerar que cometió acciones que buscan sólo comprobar responsabilidades de los hechos a los aborígenes .
"Aquí hay que investigar la represión policial y no solo como hace el juez la responsabilidad de los tobas", sostuvo el abogado, y manifestó que se han perdido pruebas como el hecho de no haberle hecho las pericias con parafina a los policías que estuvieron en el enfrentamiento .
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¿Los asesinatos de indígenas no tienen costo político?
BALAS SÍ, SOLUCIONES NO. El entierro de un comunero toba en Formosa, nueva víctima del colonialismo vigente. (Juan Pablo Faccioli / Clarín)
Por Darío Aranda -
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.

Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.

En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.

Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.

Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.

Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.

Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.

En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.

Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.

Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.

La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.

El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.

Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.
Darío Aranda
27 de noviembre de 2010.
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Viaje al corazon de la comunidad toba de Formosa que pelea por sus tierras
Son seis mil familias, viven en ranchos sin agua potable y están perdiendo su idioma.

Por ANDRES FEVRIER
Vilma Navarrete vive con sus siete hijos en un modesto y pulcro chalecito amarillo con techo de chapa y contraventanas de madera, un modelo muy común en la zona. Unos metros más allá, sus padres ocupan un rancho hecho con troncos de palma. “Bien sazonados aguantan lluvias y vientos y duran más de diez años”, explican, y cuentan que hace poco pudieron reemplazar las inestables hojas de palma del techo por chapas. Entre las dos viviendas se interpone una plantación de algodón que no les pertenece a los tobas de la Comunidad La Primavera. Como gran parte de los aborígenes argentinos, la tierra es el principal problema que enfrentan los tobas en el noroeste formoseño, donde los mapas marcan el final de la Argentina. Por eso se habían instalado hace cuatro meses en la ruta, de donde el martes los desalojó la Policía, en una brutal represión que dejó dos muertos, un indígena y un agente. Se trata de una disputa de concepciones: de un lado, la tierra como negocio; del otro, como un espacio para la vida.
“Si se negocia una vida, se negocia todo”, afirma de entrada Carlos, que ofrece unas sillas al resguardo de los rayos del sol, que se clavan como puñales en la piel blanca. No pierde su candidez a pesar de que en La Primavera se respira en todos lados el dolor por el asesinato de Roberto López (52).

Unas 6 mil familias viven desperdigadas en poco más de 5 mil hectáreas de la comunidad. La mayoría cultiva pequeñas parcelas propias o trabaja como peón en tareas rurales. Caminos sinuosos de tierra gris se adentran en esta zona de pastizales y palmas infinitas que de tanto en tanto (cada vez con más frecuencia, aseguran) se ven interrumpidas por las ordenadas plantaciones de soja o algodón.
Unos metros hacia el noroeste, cerca del cementerio donde descasan los restos de López, unas 60 personas participan de una asamblea. “Falta unidad en los pueblos; unidad que no quiere decir que se pierda la identidad, sino que todos tenemos el mismo reclamo: la tierra. Y 520 años después de que llegaran con la espada y la cruz seguimos igual”, esgrime el representante del pueblo tonokoté de Santiago del Estero, una de las otras etnias que acercó su solidaridad. “En la escuela no te dicen de dónde venís, sino hacia dónde tenés que ir”, reflexiona luego el enviado de los pilagá, que llegó desde Las Lomitas, también en Formosa, donde en octubre de 1947 cientos de indígenas fueron masacrados por Gendarmería.
Dentro de La Primavera funciona la Escuela 308 “Patricias Argentinas”, remodelada en 2006, donde los chicos también almuerzan. Los tobas se quejan de que sólo se enseña en castellano y piden una educación bilingüe para proteger su lengua.
“Yo voy a hablar en mi dialecto”, aclara Orsino Díaz (64) antes de contar sus sensaciones de la violencia. “No necesitamos herramientas, no queremos plata, no pedimos casas. Buscamos libertad”, dice, y pide que alguien traduzca. Un sombrero con la inscripción “Ronaldiño” en el frente mantiene oculto un profundo corte que le dejó la represión policial.
A su lado asiente Tito Bordón (67). “Si el gobierno tuviera corazón limpio habría venido a escuchar. Queremos recuperar nuestras tierras y nos responden con garrote y matanza. Nos atacaron como si fuéramos animales”, enfatiza, al borde del llanto. “La biblia dice ‘no matarás’. Y yo estoy criado para no matar”.
El otro gran problema que enfrenta la comunidad es la falta de agua potable. “Gracias a la última lluvia se llenaron todos los aljibes”, se esperanza Dalmacio Navarrete (36), hermano de Vilma. El cuenta que siempre faltó agua en la comunidad, pero se muestra optimista porque ahora todos tienen luz y ellos, además, consiguieron una cocina, aunque les falta la garrafa. Ella recibe la Asignación Universal por Hijo multiplicada por siete.
Su padre tiene 73, está casi ciego por las cataratas y hace unos pocos años empezó a cobrar jubilación. Por una consulta médica estaban en Clorinda, 60 kilómetros al Este, cuando la Policía reprimió. La madre de Dalmacio, también jubilada, no tuvo suerte: había ido a buscar leña y estaba en la ruta cuando comenzó el enfrentamiento. Los moretones en su rostro dan testimonio de la golpiza. “Cayó una lágrima muy grande acá en la comunidad”, dice Dalmacio.
Miguel Quisimaquay (57) también tiene heridas en la cabeza y aún renguea por un bastonazo. Pasó la noche en la comisaría donde, denuncia, no recibió asistencia médica y volvió a ser golpeado.
“Los policías me empujaron, me golpearon y me pusieron una pistola en la cabeza. Si me muero, ¿cómo va a vivir mi hija?”, se pregunta Benjamina Pérez (39), un ama de casa con diez hijos. “Yo me instalé en el corte desde el primer día. Lo hago por mis hijos”, jura Valentín Yalahle (55), padre de seis. “Doy gracias a Dios de que sigo vivo. He perdido sangre sobre el asfalto: significa que mi gobierno no me quiere”.
El sol es una tirita roja en el horizonte cuando Félix Díaz, el líder de la comunidad, se suma a la asamblea, que se realiza de espaldas a un campo de soja. Hombre de discurso combativo, reapareció luego de un par de días sin atender ninguno de sus celulares y de acumular causas judiciales en su contra por el corte de ruta. Su cuñado, Pablo Asijak (45), uno de los referentes de la comunidad, resume el reclamo: “Que haya calidad de vida en cada familia”.

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